29 de Noviembre 2020, Corporación CODEPU

La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, junto a la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE, la Fundación 1367 Casa de Memoria José Domingo Cañas y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule-Chile, hicieron su presentación con la intención de que el organismo internacional examine el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y se detenga la represión contra niñas, niños y adolescentes.

La denuncia señala que en la violencia que enfrenta nuestra infancia “se entrecruzan dos graves lógicas de vulneración sistemática de los derechos humanos presentes en Chile: la de la violencia represiva que se ha instrumentado contra la población civil desde el gobierno para contener la protesta social -que se ha traducido en más de ocho mil hechos de violaciones a los derechos humanos registrados hasta la fecha- y, la lógica de violencia, desprotección y desconocimientos de derechos de nuestra infancia que nos afecta como sociedad».

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La lectura de los testimonios de más de una decena de casos, solo una muestra de lo que ha ocurrido- del conocimiento de las documentos anexos que refuerzan la denuncia se hace evidente, como señala el escrito que “en lo referido a la lógica represiva, ya resulta claro que existe instalada una doctrina institucional en las fuerzas policiales, de atacar y sofocar con la fuerza toda manifestación de protesta de los más desposeídos, en cualquier ámbito, dañando a sus participantes, con todas las secuelas de violaciones a los derechos humanos que esto trae consigo. Esa doctrina fue alentada por el actual Alto Mando y el Poder Político. Recordemos los dichos del propio exdirector General de Carabineros Mario Rozas sobre ninguna sanción a sus hombres por los hechos de represión en la Revuelta del 18 de octubre».

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El escrito señala que “al revés de lo que parece opinar el Ministro del Interior y el Presidente de la Republica, no hay que aclarar ninguna circunstancia particular para establecer si hubo abuso o exceso de la función policial en el baleo a dos niños en el Centro de SENAME, sino que sincerar que lo ocurrido es la consecuencia directa de la políticas e instrucciones con que el Gobierno ha enfrentado el descontento de Chile y que se ha ensañado con la Niñez y Adolescencia».

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La presentación solicita se adopten las siguientes medidas provisionales necesarias, para evitar posibles daños irreparables a la víctimas de la vulneración de la Convención de los Derechos del Niño, proceder a la revisión de todos los protocolos del SENAME , como asimismo los protocolos de Carabineros de Chile sobre actuación con Niñas, Niños y Adolescentes.

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Al mismo tiempo que se nombre una comisión de expertos a fin de que se constituyan en nuestro país para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos señalados precedentemente y una serie de recomendaciones que el propio Comité entregó al Estado chileno, orientadas a fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de los procedimientos policiales.