CALISMAN
DENUNCIA INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO DE CHILE
POR REPRESIÓN A MENORES DE EDAD
Una presentación ante el Comité de Derechos del Niño, instancia de las Naciones Unidas, presentaron organismos vinculados a los derechos humanos con la finalidad de denunciar la grave situación de indefensión y la represión que ha sufrido la niñez y la adolescencia en nuestro país.
29 de Noviembre 2020, Corporación CODEPU
El baleo de los niños en el hogar Carlos Macera, ligado al Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Talcahuano, no es una situación aislada. Desde antes del estallido social y con mayor frecuencia cada día, los menores vienen enfrentando situaciones de vulnerabilidad inaceptables.
La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, junto a la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE, la Fundación 1367 Casa de Memoria José Domingo Cañas y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule-Chile, hicieron su presentación con la intención de que el organismo internacional examine el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y se detenga la represión contra niñas, niños y adolescentes.
La denuncia señala que en la violencia que enfrenta nuestra infancia “se entrecruzan dos graves lógicas de vulneración sistemática de los derechos humanos presentes en Chile: la de la violencia represiva que se ha instrumentado contra la población civil desde el gobierno para contener la protesta social -que se ha traducido en más de ocho mil hechos de violaciones a los derechos humanos registrados hasta la fecha- y, la lógica de violencia, desprotección y desconocimientos de derechos de nuestra infancia que nos afecta como sociedad».
La lectura de los testimonios de más de una decena de casos, solo una muestra de lo que ha ocurrido- del conocimiento de las documentos anexos que refuerzan la denuncia se hace evidente, como señala el escrito que “en lo referido a la lógica represiva, ya resulta claro que existe instalada una doctrina institucional en las fuerzas policiales, de atacar y sofocar con la fuerza toda manifestación de protesta de los más desposeídos, en cualquier ámbito, dañando a sus participantes, con todas las secuelas de violaciones a los derechos humanos que esto trae consigo. Esa doctrina fue alentada por el actual Alto Mando y el Poder Político. Recordemos los dichos del propio exdirector General de Carabineros Mario Rozas sobre ninguna sanción a sus hombres por los hechos de represión en la Revuelta del 18 de octubre».
El escrito señala que “al revés de lo que parece opinar el Ministro del Interior y el Presidente de la Republica, no hay que aclarar ninguna circunstancia particular para establecer si hubo abuso o exceso de la función policial en el baleo a dos niños en el Centro de SENAME, sino que sincerar que lo ocurrido es la consecuencia directa de la políticas e instrucciones con que el Gobierno ha enfrentado el descontento de Chile y que se ha ensañado con la Niñez y Adolescencia».
La presentación solicita se adopten las siguientes medidas provisionales necesarias, para evitar posibles daños irreparables a la víctimas de la vulneración de la Convención de los Derechos del Niño, proceder a la revisión de todos los protocolos del SENAME , como asimismo los protocolos de Carabineros de Chile sobre actuación con Niñas, Niños y Adolescentes.
Al mismo tiempo que se nombre una comisión de expertos a fin de que se constituyan en nuestro país para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos señalados precedentemente y una serie de recomendaciones que el propio Comité entregó al Estado chileno, orientadas a fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de los procedimientos policiales.